Henrys Mogollón: Alcaldías deben evaluar condiciones para funcionamiento del transporte público

Se propone crear ley para optimizar el sistema regional de transporte

(Prensa CLEY, texto y foto).- Reunidos con diversos organismos del sector transporte y seguridad del gobierno regional y alcaldías, Henrys Mogollón presidente del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy, propuso crear una ley que permita optimizar el sistema regional de transporte en la entidad yaracuyana, al tiempo en que aseguró que las alcaldías deben ocuparse en evaluar las condiciones generales para que los transportistas puedan prestar un servicio adecuado a los usuarios.

A juicio del legislador, lo que involucra mayor sensibilidad, entre los trabajadores del transporte público está la proveeduría de repuestos, las condiciones de las unidades, la necesidad de activar un fondo de financiamiento y de jubilaciones, así como el uso de tecnologías y funcionarios que permitan brindar mayor seguridad a transportistas y usuarios, tanto en terminales, vialidad, y peajes.

Dijo que a partir de estos planteamientos, el CLEY trabajará en un ante proyecto que permita absorber las propuestas de los funcionarios presentes, entre ellos: representantes de la Policía de la entidad, directores de transporte de las alcaldías metropolitanas, Instituto de Tránsito Terrestre, y Sindicato Unitario, acciones que consideró deben ser presentadas ente el Ministerio de Transporte, por lo que acordaron continuar el próximo martes 13 un trabajo de comisión para definir los puntos que llevará la Ley.

Explicó que para garantizar una mejor prestación del servicio a los usuarios, es necesario que las alcaldías se aboquen a evaluar las condiciones generales que implica el recorrido, condiciones y uso adecuado de las paradas, señalización, demarcación de vías, buen estado de los colectivos que armonicen con la calidad de servicio y el equilibrio del medio ambiente, entre otros temas relacionados.

Entre otras inquietudes que surgieron durante la mesa de trabajo, está la inoperatividad de la adecuación anual de los vehículos, establecida en providencia en el año 1998, la activación de la escuela de conductores y del corredor vial alternado con las unidades Yutong.

Finalmente, Mogollón dijo que por tratarse de la prestación de servicios públicos el Estado tiene potestad de intervenir en cuanto a ajuste de tarifas, seguridad, ordenamiento, todo en función de garantizar el funcionamiento de este sector, especialmente durante estos ataques de la guerra económica.